Ejecutivo conforma grupo de trabajo multisectorial para fortalecer normativa contra cohecho transnacional con estándares internacionales

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) formalizó, mediante la resolución ministerial nro. 141-2025-PCM, publicada en la separata de Normas Legales del diario Oficial “El Peruano”, la creación de un grupo de trabajo multisectorial que reunirá a las principales entidades del sistema de justicia con el objetivo de fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar al cohecho transnacional.

La iniciativa se sustenta en recomendaciones formuladas al Perú por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, y se enmarca en los compromisos asumidos en convenciones internacionales anticorrupción.

El grupo estará presidido por la Secretaría de Integridad Pública, de la PCM, e integrado por representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría General del Estado. Todas estas instituciones cumplen un rol clave en la prevención, investigación y sanción de delitos contra la administración pública.

Entre los aspectos a evaluar figuran la tipificación del cohecho transnacional, los procedimientos aplicables a personas jurídicas, los delitos contables, la prescripción, la extradición y otros aspectos relacionados con la mejora del marco normativo.

“Con esta iniciativa, el Perú reafirma su compromiso de combatir la corrupción, incluida aquella que traspasa fronteras. De esta manera, el país podrá consolidar una respuesta alineada con estándares internacionales”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

Como parte de sus funciones, el grupo elaborará un plan de acción, revisará la normativa vigente y propondrá reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley nro. 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. La Secretaría de Integridad Pública será responsable de garantizar la articulación interinstitucional y el alineamiento con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

La conformación de este espacio técnico representa un avance concreto en la mejora de la coordinación interinstitucional del Estado en materia anticorrupción, especialmente frente al cohecho transnacional.